¿Puede la Fuerza Pública ingresar a una universidad? ¿Hasta dónde llega la autonomía universitaria y dónde comienzan las facultades de las autoridades?
El anuncio de un nuevo protocolo del Gobierno Nacional reabre una discusión que va mucho más allá del orden público.
La autonomía universitaria es una garantía constitucional, pero no convierte a las universidades en territorios independientes. Al mismo tiempo, cualquier intervención de la Fuerza Pública debe respetar límites jurídicos que protegen derechos fundamentales.
¿Estamos ante una regulación necesaria o frente al riesgo de restringir garantías constitucionales?
En mi nueva columna de opinión para La Patria analizo esta discusión y el delicado equilibrio entre la libertad, la autonomía universitaria y el orden público.
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